La tercera jornada consecutiva de movilizaciones reunió a 320.000 personas y terminó con 565 detenidos, una cifra menor a la de las semanas anteriores. Sin embargo, el Gobierno mantiene la alerta ante posibles bloqueos estudiantiles y una huelga general.
Francia cerró el sábado su tercera jornada consecutiva de protestas con una menor participación en las calles y menos incidentes que en las semanas anteriores. Según el balance oficial, 320.000 personas participaron de las manifestaciones, frente a las 550.000 registradas el sábado anterior. Además, hubo 565 arrestos, una cifra inferior a los 1.314 de la semana pasada y los 2.628 del 17 de octubre.
Pese a la caída de la movilización, el Gobierno francés se prepara para otra semana de tensión social. Las autoridades destacaron que las últimas manifestaciones transcurrieron con mayor calma, aunque condenaron algunos episodios de violencia. En París, un artefacto incendiario fue arrojado contra un grupo de gendarmes y provocó que un agente se prendiera fuego. El efectivo sufrió heridas leves y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó el ataque como una tentativa de homicidio.
La preocupación oficial se concentra ahora en el posible regreso de los bloqueos en escuelas secundarias y universidades, luego de las vacaciones de otoño. Las principales organizaciones estudiantiles convocaron a retomar esas medidas desde el martes y a participar de una huelga general prevista para el jueves 5 de noviembre, impulsada por los sindicatos y a la que también se sumarán trabajadores ferroviarios. Algunas agrupaciones, como Les Lycéens, incluso propusieron iniciar los bloqueos este lunes.
Los estudiantes reclaman una inversión de 10.000 millones de euros para mejorar la educación pública y consideran insuficientes las medidas anunciadas por el Ejecutivo de Emmanuel Macron. Entre las propuestas oficiales figuran reducir la cantidad de alumnos por aula, incorporar docentes y modificar la plataforma de admisión universitaria Parcoursup. Sin embargo, desde el movimiento estudiantil sostienen que sus demandas todavía no fueron atendidas y acusan al Gobierno de intentar debilitar la movilización mediante restricciones a las manifestaciones.
